Ya dije que este observatorio jamás estuvo tan en peligro como cuando se le ocurrió sugerir que el nombramiento del General de Ejército Villar Turrau, ex-Jefe del Estado Mayor del ET y ex-Director General de Armamento y Material del MINISDEF, como vicepresidente de estrategia de negocio de Santa Bárbara Sistemas contravenía claramente la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado.
Desgraciadamente hasta casi tres años después de la aprobación de aquella ley, no se aprobó el reglamento que la desarrollaba, lo cual propició el asunto y el delito quedó sin castigo. Si ese reglamento se hubiese aprobado sólo unos meses antes, dicha incorporación hubiese sido probablemente imposible hasta un tiempo después. Tiempo que, por supuesto, corría en contra de lo que ambas partes buscaban con dicho nombramiento, tener agarrado el pastel de los programas de defensa que afectaban al ET. Programas de defensa que ya para nadie es un secreto que son un fiasco y que han generado una deuda brutal para todos los españoles que hipotecará a las FAS durante decenios.
Pues bien, hoy El País informa que han sido imputadas por cohecho 13 empresas contratistas de Defensa. Dos Tenientes Coroneles se han deshonrado presuntamente (uno lo ha confesado) llevándose las migajas de comisiones y regalías varías. Lamentable la miseria moral que nos infecta.
